URBE SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES, S.L.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

In Abogado concurso acreedores, abogado derecho mercantil barcelona on 17 diciembre, 2010 at 11:17

Hola, tras un pequeño parentesis, y siguiendo el hilo del ultimo comentario, sigue un documento redactado por Susana Moreno, abogada del despacho, que creo que es interesante y clarificador sobre el nuevo panorama de la responsabilidad de las personas jurídicas.

“La reciente aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, entrará en vigor en Diciembre del presente año. Algunas de las principales novedades en materia societaria son las siguientes: 1. Extensión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas. El Código Penal, en su actual versión tan sólo contempla la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas (Art. 120.1.3 CP), y la responsabilidad penal de los administradores de hecho o de derecho o representantes de una persona jurídica si concurren los elementos típicos del delito en la entidad a la que representan. (Art. 31.1 CP) La reforma operada por la Ley 5/2010 cambia drásticamente este panorama y determina la responsabilidad penal de las personas jurídicas siempre que concurran los siguientes elementos (Art. 31 bis CP): (i) Lucro de la sociedad. (ii) Delito cometido por administradores de hecho o derecho, o representantes legales. (iii) Delito cometido por los dependientes. Tal y como señala la Exposición de motivos, esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea. Las anteriores notas distintivas configuran el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. Dicha responsabilidad es independiente de la que pueda atribuírsele al administrador o representante. La nueva Ley excluye a las personas jurídicas del régimen general de atenuantes y agravantes previstos en el Código penal, determinando como únicas causas atenuantes las siguientes (Art. 31.bis. 4 CP): (i) Confesión. (ii) Colaboración. (iii) Reparación o disminución del daño. (iv) Medidas de prevención o descubrimiento de delitos en el futuro. Obviamente, están exentas de responsabilidad los entes y asociaciones públicas, y en general los regidos por derecho público. (Art. 31 bis 5 CP) 2. Variaciones en cuanto a las clases de Penas, el régimen de la Pena de multa y las normas de Aplicación de las penas. 2.1. Clases de Penas El nuevo Art. 33 establece un novedoso catálogo de penas, la mayoría de las cuales están claramente dirigidas a las personas jurídicas (Apartado 7), tales como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social; disolución de la empresa, clausura de local y establecimiento comercial, suspensión o prohibición de realizar en el futuro sus actividades, y la intervención judicial. 2.2. Pena de multa. En cuanto a la pena de multa, y como regla general, rige en la actualidad para las personas físicas el criterio de modulación del importe de la pena en atención a la situación económica del penado, y a las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en cada caso, de forma proporcional al daño causado, el valor objeto del delito o el beneficio reportado por el mismo. Para las personas jurídicas, la nueva Ley introduce la multa por cuotas y proporcional en un nuevo apartado del artículo 52. También se ha introducido un nuevo criterio: el interés general y el mantenimiento de los puestos de trabajo como causa justificativa del fraccionamiento del pago de la multa. En este sentido, se ha añadido un nuevo apartado al artículo 53. 2.3. Aplicación de las penas. A la hora de aplicar las penas, tratándose de personas jurídicas rige con carácter general lo dispuesto en el Art. 66.1 del vigente Código Penal, pero la Ley 5/2010 determina unas reglas especiales en relación con las penas previstas en el Apartado 7 del Art. 33, a su vez modificado. 3. Persona jurídica civil y penalmente responsable. El Art. 116.1. CP determina que “toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si de hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito o falta los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno”. Sin embargo, la Ley 5/2010 introduce una novedad en este sentido, determinando la responsabilidad solidaria de la persona jurídica penalmente responsable junto con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos. (nuevo Art. 116.3) 4. Responsabilidad de entes sin personalidad jurídica: consecuencias accesorias. La Ley también prevé la responsabilidad de los grupos, entes y organizaciones sin personalidad jurídica. Para estos supuestos, se determina en el nuevo Art. 129 CP, que el Juez motivadamente podrá imponerles una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en los Apartados c) a g) del Art. 33.7; así como la prohibición definitiva de realizar ninguna actividad aunque ésta sea lícita. Para su aplicación, es necesario que la Ley prevea estos supuestos expresamente, y nada impide que dichas medidas sean adoptadas con carácter cautelar en la instrucción (nuevo Art. 129.3 CP) 5. Extinción de la responsabilidad. La Ley establece una medida de protección para evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión. En este sentido se modifica el Art. 130 CP. 6. Delitos cometidos por persona jurídica. Sin ánimo de exhaustividad, exponemos a continuación las líneas generales de adaptación de la nueva Ley en materia de delitos cometidos por personas jurídicas. 6.1. Ataques a sistemas informáticos. La nueva Ley se caracteriza, igualmente, por introducir novedades legislativas en materia de delincuencia organizada y delitos informáticos. En este sentido, y el Art. 197 CP queda modificado en sus Apartados 3 y 8. Estableciendo un subtipo agravado cuando los delitos se cometiesen en el seno de una organización o grupo criminales. 6.2. Estafa y apropiación indebida. Tal y como señala la Exposición de motivos de la Ley, ha sido preciso tipificar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudar utilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, por ello, han sido modificados los Arts. 248 y 250 CP. En relación a las personas jurídicas dentro del delito de Apropiación indebida, se determinan nuevas penas en la nueva redacción del Art. 251 bis. 6.3. Insolvencias punibles. Se añaden subtipos agravados en supuestos de alzamiento de bienes. Se trata de dos nuevos apartados 3 y 4 al Art. 257, para el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, o en el supuesto de que concurran los ordinales 1.º, 4.º y 5.º del apartado primero del artículo 250. Añade el artículo 261 bis, para las penas de las personas jurídicas responsables de la comisión de algún delito de los comprendidos en el Capítulo VII de las Insolvencias punibles. 6.4. Daños. En materia de delitos de daños, la nueva Ley regula de forma separada el tipo general previsto en el Art. 263 CP, a su vez modificado; y el artículo 264 relativo a daños sobre datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, y sistemas informáticos, estableciendo unos subtipos agravados en caso de que se trate de organizaciones criminales, o se atente a los intereses generales, y determinándose unas penas especiales en su Apartado 4º para cuando se trate de supuestos de responsabilidad de personas jurídicas. 6.5. Propiedad Intelectual e Industrial. Tal y como expone la Exposición de Motivos de la Ley: “El agravamiento penológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en el ámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial ha evidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena en el caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copias fraudulentas de obras amparadas por tales derechos, máxime cuando frecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas en situaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, que con tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. Por ello, añadiendo un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 270 y modificando el apartado 2 del artículo 274, para aquellos casos de distribución al por menor de escasa trascendencia, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias de agravación que el propio Código Penal prevé, se opta por señalar penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Además, en tales supuestos, cuando el beneficio no alcance los 400 euros la conducta se castigará como falta. Respecto a las personas jurídicas, la pena vendrá determinada con arreglo a lo dispuesto en el también modificado Art. 288. 6.6. Mercado y Consumidores. La principal novedad respecto a la determinación de las penas de las personas jurídicas viene de la mano de la modificación del Art. 288, como disposición común al Capítulo XI relativo a los delitos de propiedad industrial e intelectual, al mercado y a los consumidores, en relación con la imposición de las penas. 6.6.1. Estafa de inversiones: Se añade al delito de publicidad fraudulenta un nuevo apartado sobre el “delito de estafa de inversiones” en el Art. 282 bis: «Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código. En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses.» Igualmente, respecto a las personas jurídicas, la pena vendrá determinada con arreglo a lo dispuesto en el también modificado Art. 288. 6.6.2. Alteración de los precios naturales: La nueva Ley modifica el Art. 284 sobre delito de alteración de los precios naturales, para supuestos en los que medie violencia, amenaza o engaño, o se difundieren noticias o rumores falsos en relación a los precios de cotización de un instrumento financiero, o se utilice información privilegiada para proporcionar indicios falsos sobre la oferta y la demanda. 6.6.3. De la corrupción entre particulares. Con motivo de la transposición de la Decisión Marco 2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado, se integra como artículo único de la Sección 4.ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II el Art. 286 bis. Se determinan penas especiales de aplicación de los delitos cometidos por personas jurídicas en el Art. 288 CP. La Ley 5/2010 también aborda, en relación con las personas jurídicas la regulación de las penas en los delitos de blanqueo de capitales (Art. 302.2 CP), delitos contra la hacienda pública y seguridad social (Art. 310 bis), materia medioambiental (Art. 327, 328) tráfico ilegal de órganos (Art.156 bis), trata de seres humanos (Art. 177 bis), delitos de prostitución y corrupción de menores (Art. 189 bis), derechos de los ciudadanos extranjeros (Art. 318 bis), delitos en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Art. 319), delitos contra la seguridad colectiva (Art. 343, 348), delitos contra la salud pública (Art. 369 bis), delitos de falsedad documental (Art. 399 bis), delito de cohecho (Art. 427), tráfico de influencias (Art. 430), delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales (Art. 445), y delitos de terrorismo (Art. 576 bis). ”

Para quien haya llegado hasta aquí, buen fin de semana.

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